La nueva Ley de Vivienda pretende favorecer el acceso a la vivienda en un sentido muy amplio. El principal objetivo es aumentar la oferta de viviendas en alquiler y disminuir los precios. El proyecto de Ley surge del compromiso de garantizar el derecho constitucional de “disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, poniendo especial énfasis en aquellos hogares más vulnerables.

Algunas de las medidas más destacadas son las siguientes: 

Nueva definición de gran tenedor 

Se considera como “gran tenedor” aquellas personas, físicas o jurídicas, que tengan en propiedad diez inmuebles urbanos de uso residencial o con una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, excluyendo garajes y trasteros.

Las comunidades autónomas, si lo desean, pueden modificar la definición de “gran tenedor” para aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos ubicados en la misma zona declarada como tensionada.

Declaración de zonas de mercado residencial tensionado

La declaración de un barrio, un distrito o un municipio como “zona tensionada” dependerá de cada Comunidad Autónoma, que incluirá en la revisión al Ayuntamiento del municipio donde se estén estudiando estas zonas.

Para declarar una zona como zona tensionada de alquiler se deberá cumplir, al menos, una de estas dos condiciones: 

Que la carga media de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de la renta media de los hogares.

Que el precio de compra o arrendamiento de la vivienda haya subido al menos 3 puntos por encima del índice de precios de consumo en los cinco años anteriores a la declaración de zona tensionada. 

La declaración de una zona como zona tensionada tendrá una vigencia de tres años, pudiendo prorrogarse por periodos anuales. 

Limitación en la actualización anual de renta para el 2024 y nuevo índice de referencia

Se mantendrá el límite en la actualización anual de renta para el 2023 del 2%, estableciendo una nueva limitación de un 3% para el año 2024. 

A partir del 2025 se creará un nuevo índice de referencia de precios del alquiler que desvinculará el IPC para la actualización las rentas. 

Los grandes tenedores en zonas tensionadas estarán sujetos a limitaciones al fijar un precio del alquiler en base a este nuevo índice. 

Gastos y honorarios de gestión inmobiliaria

Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador.

Nuevas medidas frente a desahucios

Se establece la obligación de fijar una fecha y una hora exacta para llevar a cabo los desahucios. 

Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años. 

Acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para personas vulnerables.

Se reconoce la posibilidad de utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio, mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política.

Recargo del IBI para viviendas vacías

Los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del impuesto para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. 

Quedamos a tu disposición para cuantas aclaraciones necesites al respecto, llámanos y te ayudaremos